Por Martín Inthamussu y Trinidad Zaldivar (jefa de la Unidad de Creatividad del BID) 

“La cultura desempeña un papel fundamental en nuestras sociedades. A través de ella, cada uno puede descubrir su humanidad común y convertirse en un ciudadano libre e ilustrado. Es la columna vertebral de nuestra sociedad. Y, sin embargo, a pesar de los avances, todavía no ocupa el lugar que se merece en las políticas públicas y en la cooperación internacional”, Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco.

En setiembre de 2022, en la ciudad de México, 150 Estados convocados por la Unesco adoptaron la Declaración por la Cultura, afirmando que la cultura es un “bien público mundial”. La declaración se dio luego de tres días de conferencia que acogieron a 2.600 personas para discutir sobre políticas culturales, entre ellas 83 ONG, 32 organizaciones gubernamentales y nueve organismos de la ONU. 135 de esas personas eran ministros y ministras de Cultura.

El texto propone un conjunto de políticas públicas sobre derechos sociales y económicos, que incluyen la libertad de artistas y derechos de las comunidades indígenas de salvaguardar y transmitir sus conocimientos, el foco en el cambio climático como amenaza a la cultura y las naciones, brechas de género e inequidades en el sector laboral cultural y el tráfico ilícito de obras patrimoniales culturales. Respecto a este último punto, en la Declaración, los Gobiernos se comprometen a intensificar la lucha contra el tráfico ilícito a través de una mayor cooperación internacional. Asimismo, solicitaron a los operadores del mercado del arte que no pongan a la venta objetos cuya procedencia no esté probada.

Se comprometen los Estados, entonces, a seguir la Convención de la Unesco de 1970 y sus mecanismos conexos, fortaleciendo la cooperación internacional con todos los socios pertinentes, como Interpol, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Unidroit (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado), el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), así como con el mercado del arte.

Para llevar adelante una acción de esta magnitud, los Estados proponen fortalecer la promoción y la labor relativas a las repercusiones del tráfico ilícito en la memoria, la identidad y el futuro de los pueblos, fomentar la introducción de sanciones penales o administrativas en las legislaciones nacionales; promover el desarrollo de las capacidades nacionales y locales en todos los países; fomentar una cooperación eficaz y más estrecha con los agentes del mercado del arte, especialmente lo que respecta al fortalecimiento de la codificación del certificado de origen de los bienes culturales y la prevención de la adquisición de objetos de procedencia no especificada, para museos y coleccionistas privados; y velar por el compromiso, la movilización y la coordinación de todas las partes interesadas, así como del público en general, en particular mediante las tecnologías digitales y las plataformas en línea, teniendo en cuenta el aumento del comercio en línea de bienes culturales, y apoyando la sensibilización.

Esto implicará regular, controlar y supervisar el sector encomendando a la Unesco y que proponga a los Estados marcos normativos para hacer frente a estos desafíos. Audrey Azoulay, directora general de Unesco, anunció la creación de un museo virtual de bienes culturales robados junto con Interpol. Será una herramienta educativa y pedagógica —para que los ciudadanos puedan conocer la historia de estas obras—, y, al mismo tiempo, una herramienta de investigación para las personas que tengan dudas sobre el origen de un elemento.

Esta declaración implica algo innovador y revolucionario en este momento; es el diálogo internacional para el retorno y la restitución de los bienes culturales, incluidos los bienes exportados ilegalmente a los países de origen, bajo el auspicio de la Unesco, así como a los que están fuera del ámbito de la Convención de la Unesco de 1970. Esto es novedoso, pues implica varias miradas. Primero, evaluar la procedencia de los bienes y la manera en que llegaron a donde se encuentran actualmente. Estas acciones ponen en relevancia el derecho de los pueblos y de las comunidades al disfrute de su patrimonio cultural, fortaleciendo la cohesión social y la transmisión intergeneracional de este.

Los organismos multilaterales tienen mucho para aportar en este sentido; por ejemplo, promoviendo regulaciones transversales a los países y el compromiso de los Estados para generar un control eficiente y efectivo para evitar la afectación cultural de las naciones, no solo un marco normativo.

Los bienes robados y adquiridos de manera ilícita circulan y, eventualmente, se incorporan a colecciones particulares, amparados por un certificado de exportación obtenido en esos lugares de tránsito y no en el país de origen, un documento raramente exigido por las leyes de los países destinatarios. El volumen de este tráfico es de grandes dimensiones. El tráfico de bienes culturales es grave, de múltiples alcances y sus consecuencias son devastadoras. Pero ¿qué tan grave es como para que la Unesco lo priorice y su directora general lo mencione como el primer punto en su discurso inaugural? Más de 13 mil objetos clasificados como bienes culturales circulaban ilegalmente alrededor del mundo a finales del 2020. El operativo de Interpol llevado a cabo en más de cien países en mayo de 2020 es elocuente en este sentido. Esta operación sin precedentes confiscó monedas de diversas épocas, armas antiguas, objetos de cerámica, fósiles y pinturas. Tan solo en el aeropuerto de Kabul, agentes de aduana decomisaron 971 piezas sustraídas de su patrimonio. En Madrid, las autoridades interceptaron un total de 19.000 piezas antiguas y desmantelaron varias redes internacionales de traficantes en el curso de dos operaciones simultáneas, una dirigida por la Organización Mundial de Aduanas y la Interpol, y otra coordinada por Europol y la Guardia Civil Española. Se intervinieron, entre otras cosas, artefactos precolombinos sumamente raros, como una máscara de oro de la cultura de Tumaco.

Y esto se agravó aún más durante la pandemia de covid-19, pues los traficantes, redes criminales y/o terroristas se han aprovechado del cierre de museos, zonas arqueológicas y de menor vigilancia para concretar sus delitos. En palabra de Ernesto Ottone, subdirector general para la Cultura de la Unesco, museos y galerías se vieron obligadas a cerrar sus puertas y a vender obras para subsistir. Algunas entraron al mercado negro por la falta de controles y regulaciones para el sector. Lo mismo en los espacios patrimoniales arqueológicos, donde bajó la seguridad y se descontinuaron los inventarios. Según Ottone, “hace diez años ya se decía que el tráfico de objetos de arte es el tercer tráfico más rentable después de las drogas y las armas… y en muchos casos las ganancias financian las actividades del crimen organizado o del terrorismo”.

En 2015, el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, mencionó que, “a ojos de los delincuentes, el patrimonio cultural constituye un objetivo fácil, puesto que a menudo los sitios históricos vulnerables no se encuentran bajo control efectivo del Gobierno y las excavaciones ilícitas dominan el panorama”.

Solo cuatro años más tarde, en 2019, Corrado Catesi, coordinador de la Unidad de Obras de Arte de Interpol, declaró: “Nuestro objetivo común debe ser proteger el patrimonio contra la explotación y la destrucción. La creación de unidades policiales especializadas, dotadas de una base de datos operativa sobre obras de arte robadas, debería ser un elemento esencial de toda estrategia nacional eficaz”.

Este desafío debe tener en cuenta, además, que las regulaciones son distintas entre los países y eso puede generar más problemas para coordinar acciones. Es vital, urgente y necesario que desde los Estados se tomen acciones. A través de Mondiacult, la Unesco ya demostró el interés por parte de los ministros y ministras de los países firmantes. Ahora se debe pasar a la acción con determinadas estrategias acordadas:

• Promover la aplicación efectiva de los marcos jurídicos o las políticas existentes para el retorno de los bienes culturales a sus países de origen o su restitución en caso de apropiación ilícita.

• Restituir los bienes culturales saqueados y que hoy son parte de grandes colecciones fuera de sus países de origen.

• Ayudar a los países en la conservación y la gestión de los bienes culturales in situ, mediante el desarrollo de capacidades y la promoción de enfoques educativos y que tengan en cuenta los aspectos culturales, especialmente en los museos y las instituciones culturales.

• Educar en la catalogación de los bienes patrimoniales y hacer inventarios.

• Actualizar las regulaciones internacionales, así como relevar las nacionales para su estudio comparado identificando oportunidades de trabajo en conjunto.

• Proponer medidas e iniciativas concretas para combatir este fenómeno creciente y aliente a los agentes del mercado del arte, los museos y los coleccionistas privados.

• Aprobar un texto actualizado del Código Internacional de Ética para Marchantes de Bienes Culturales.

El desafío es grande, pero requiere de acción inmediata por parte de los estados miembros. Y estas acciones deben ser coordinadas. La lucha contra el tráfico ilícito es, también, una lucha por la identidad y la memoria colectiva.

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¹ Aprobada en Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales celebrada en la Ciudad de México en 1982 y reafirmada en Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo celebrada en Estocolmo en 1998.

² Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001.

³ https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Accioninternacional-contra-el-trafico-de-bienes-culturales-101-detenidos-y-19-000-objetosrecuperados

4 Visto en entrevista en France24 recuperado en https://www.france24.com/es/programas/escala-en-par%C3%ADs/20210124-escalaen-paris-robo-venta-ilegal-piezas-de-arte-pandemia